O DERECHOS HUMANOS PARA TODOS O NO HAY DERECHOS HUMANOS

A poco de iniciarse el proceso democrático, en 1983, el entonces Presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín, creó una Comisión para que investigara los hechos ocurridos durante el último Proceso Militar, simultáneamente ordenó por Decreto, el enjuiciamiento a los integrantes de las sucesivas Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, lo que recayó en la Cámara Federal Penal y, desfilaron por ella innumerables testigos que pusieron a la luz pública los hechos que se habían sucedido con motivo de la lucha que las Fuerzas Armadas habían llevado a cabo para “aniquilar el accionar subversivo”, tal como lo instruyera un decreto del Gobierno Constitucional de la Sra. Maria Estela Martínez de Perón.
Por diversas presiones políticas, estos juicios generaron una catarata de enjuiciamientos que llego hasta el personal militar de cualquier grado, sean estos oficiales o suboficiales y miembros de las fuerzas de seguridad.
Por diversas acciones de descontento, el Presidente Alfonsín, impulsó la sanción de dos leyes de suma trascendencia: La Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, que restringieron o limitaron la responsabilidad de los cuadros medios e inferiores de las Fuerzas Armadas en su participación en los juicios, entendiendo que, la verticalidad y la responsabilidad del mando no era cuestionada o no debía serlo dentro de organizaciones como son las militares.
Cuando todavía no se hablaba de genocidio y de la imprescriptibilidad de los actos cometidos por el Gobierno Militar, es más, con la intención de pacificar a la Nación y dejar atrás esos años turbulentos, el Presidente Menem, dicto un Decreto indultando tanto a los militares condenados o en vías de serlo, sino también a los integrantes de los grupos guerrilleros que, con su accionar convulsionaron a la sociedad y dieron origen a la guerra sucia que se sucedió. (Art. 84 CN 1853; inc. “6ª. Puede indultar y conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del Tribunal correspondiente excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”) En la reforma de 1994, este concepto forma parte del art. 99.
El Gobierno Kirchnerista ha efectuado una flagrante violación a los más fundamentales principios constitucionales y del Derecho Penal vigente.
Por lo tanto –no soy jurista, pero la ley se reputa conocida por todos (Zorraquin Becu, Introducción al Derecho)- con la derogación efectuada por este Gobierno y los Fallos de la Corte declarando la Inconstitucionalidad de los indultos se han dejado de lado principios jurídicos universales en función de un accionar político circunstancial que genera un precedente de altísimo riesgo tanto en lo político como en lo jurídico, encuadrándose este aspecto en lo que denominamos, seguridad jurídica.
El Gobierno Kirchnerista ha hecho de la pseudo defensa de los Derechos Humanos un latiguillo de su gestión y ha acercado a sus huestes a organizaciones de Derechos Humanos que se han parcializado en su análisis histórico y sobre todo a organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que han desvirtuado su accionar para convertirse en agentes políticos que, bajo la máscara de la defensa de los Derechos Humanos, acceden a prebendas y subsidios del Estado de inimaginable magnitud, con una actividad política manifiesta y cuestionable, sustentada sobre la sangre de sus hijos, que dicho sea de paso, la dieron enfrentándose a la patria y la sociedad, a través del crimen artero, el robo y el secuestro.
Graciela Fernández Meijide, madre de un “desaparecido” ha escrito recientemente un libro sobre el tema y, según sus propias palabras, ha investigado a fondo el tema, habiendo participado de la Comisión Investigadora creada por Alfonsín, en donde ,menciona que en toda la guerra sucia, se puede constatar la desaparición de no más de 8.000/9.000 personas y que la cifra de 30.000 que se baraja es arbitraria y de difícil comprobación. No podemos tachar a Fernández Meijide de pro Proceso, ni por sus antecedentes como madre ni por su actuación política en su momento. Tuvo, si, una actitud y comportamiento más serio y digno, pese a ser víctima, que el que caracteriza a las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Pero en estos temas, el diablo suele meter la cola, y es allí donde aparece el famoso Juez Español Garzón quien, se atribuye la competencia y jurisdicción de juzgar a los integrantes de nuestras fuerzas armadas durante el proceso, bajo la consigna del genocidio y la imprescriptibilidad de tales actos. Tan lejos quiso llegar, que no le basto meterse con Argentina y Chile, sino que quiso retrotraer su accionar a los años del Franquismo y, por ello, recibió una soberana patada en el culo. Los Españoles quieren mirar para adelante y no vivir con los ojos en la nuca.
Vencida la izquierda por su propia inoperancia y caído el muro de Berlín, a la zurda telúrica americana, no le quedo nada, y vaciada de contenido dialectico, se apropio de dos elementos: Los Derechos Humanos y el Desarrollo Sustentable, por lo tanto ni son universales, ni son equitativos en sus ponderaciones, porque se victimiza a aquellos que lucharon contra el flagelo subversivo apropiándose de la conducción del Estado que, cuestionable en su metodología y accionar, no pueden ser combatidos con la violación de las leyes emitidas por el Congreso o sancionadas según una atribución Presidencial que la Constitución Consagra.
¿Por qué denominados terrorismo de Estado al accionar de las FFAA?, porque vulneraron todas las leyes que la Constitución y el Cuerpo Legal de la Nación sustentaba, ¿no estaremos haciendo lo mismo hoy desde el gobierno, desconociendo derechos adquiridos o garantías constitucionales ?
Lo cierto es que la sociedad está dividida, la juventud confundida, la historia contada con una sola mirada y no en su integralidad, por lo tanto no es memoria y justicia lo que se busca, sino venganza y, cuando se inicia el camino de la venganza siempre quedara abierta la puerta de la respuesta semejante y, no habrá pacificación, menos tolerancia y, desde la deformación histórica, recelo y desconfianza.
Los Derechos Humanos son U N I V E R S A L E S mal que le pese al Gobierno, a las madres y abuelas y son tanto violadores de ellos aquellos que desconociendo la ley optan por el terrorismo como lo son aquellos que obviándola, pretenden restaurarla.
Por otra parte, la ley penal establece que, aquellos condenados que alcanzan los setenta años, o que procesados hubieren superado esta edad, gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, esto en un gesto humanitario que esta contenido también en los denominados Derechos Humanos.
Muchos hombres de armas, que participaron en los hechos desencadenados en el proceso están por encima de esa edad y, por imperio de la venganza, se encuentran detenidos en cárceles comunes, donde no son debidamente tratados en sus dolencias, propias de su condición y situación por la que atraviesan.
Otros, como el caso del Dr. Jose Alfredo Martínez de Hoz, con 84 años de edad y con un precario estado de salud, se encuentra en una cárcel común cuando, la razón por la cual se lo imputa, no tiene fundamento, porque en 1988 fue desafectado de esa causa, o sea esta firme su exclusión y, ademas por el tiempo transcurrido ha operado la prescripción de la misma.
Mientras estos hombres cumplen condenas por hechos que, coincido, son aberrantes, quienes declararon esta “guerra sucia” matando indiscriminadamente, sin importar consecuencias, tomaron pueblos, regimientos, volaron bares y negocios para asesinar a sus víctimas, sin medir consecuencia, se pasean por la calle como victimas u ocupan cargos en el gobierno, demostrando una desaprensión total por los actos criminales que realizaron.
Los Derechos Humanos no tienen dueños, pertenecen a la humanidad toda, porque es en ellos que se resguarda la condición humana.
Si no ponemos los ojos en el futuro, aceptamos los hechos sin olvidarlos, y nos adentramos en el desafío del mañana, corremos el riesgo de quedarnos pegados a la historia del pasado transformándonos en un país alejado del mundo libre y desarrollado. Miremos Chile, Uruguay y Brasil, ellos nos están indicando un camino.

(Quien esto escribe es un ciudadano argentino, de 63 años de edad, que en 1978 fuera declarado Prisionero de Guerra, secuestrado en la cárcel clandestina de Campo de Mayo, puesto a Disposición del Poder Ejecutivo, y procesado por la ley 20.840, con todas las perdidas morales, personales y patrimoniales que en su momento ello produjo)