EL CASCABEL AL GATO

Desde sus inicios, la democracia se ha visto impotente en poder contener a aquellos que, justificadamente o no, han tomado el espacio público como una suerte de campo de batalla donde han dirimido sus inquietudes, reclamos y aspiraciones.
La Constitución Nacional ha establecido el Derecho de Huelga, como uno más de aquellos que los ciudadanos pueden expresar sus apetencias por una mayor participación en la renta nacional o alcanzar mejores condiciones laborales y, de los cuales los cuadros Sindicales han usado y abusado en estos 27 años de democracia.
Entrar en la polémica sobre la prelación de los derechos, significa introducirse en la discusión dialéctica más que en clarificar el uso de los derechos, pero lo que no podemos dejar de recordar es que el derecho del otro finaliza donde empieza el derecho de uno.
Con el síndrome de la dictadura, que fue fuerte en la represión de los movimientos de legítimos reclamos los confundimos, no tan ingenuamente con la represión de las fuerzas terroristas de los setenta. No ha podido, no ha sabido o no le ha interesado a la democracia hacer ese distingo, que no es un distingo menor y que, desde entonces y hasta nuestros días conmociona a la sociedad argentina.
Los fuertes procesos inflacionarios, con una fuerte puja por la distribución del ingreso fueron un ingrediente más que picante a la hora del enfrentamiento de las legiones obreras con los diversos gobiernos de turno y, fue la hiperinflación del 89 quizás el punto de quiebre más dolorosos en este aspecto.
Ese proceso tuvo dos consecuencias 1) deslegitimizo a las fuerzas del trabajo, porque la conservación del empleo paso a ser más importante que la verticalidad sindical; 2) comenzaron a aparecer en el horizonte político organizaciones, algunas sociales y de buena fe u otras políticas con intencionalidad, que comenzaron a actuar y, en su actuación incorporaron desmanes, violencia y destrucción. Están aun frescas las acciones que llevaron a los enfrentamientos del 2001 y 2003 y aquellas que motivaron que el Presidente Duhalde tuviera que anticipar la entrega del poder.
Movimientos estudiantiles, la clásica presión sindical de los docentes al inicio de cada año escolar, la actitud de la CTA en su lucha por su reconocimiento legal y gremios enfrentados entre sí por el poder de la conducción laboral, nada tienen que ver con el derecho de huelga, sino mas bien luchas entre facciones que se extienden al espacio público, lo perturban y perturban la tranquilidad ciudadana.
Grupo ideológicamente bien definidos como Quebracho, MTP y otros comenzaron a actuar como fuerzas de choque de estos escenarios intra gremiales que comenzaron a mas que a perturbar a amedrentar la paz ciudadana, generando con su accionar de saqueos, quemas de negocios y vehículos, el uso de palos, gomeras, bombas molotov, incendio de gomas y caras tapadas y, a las que no solo la democracia sino también los gobiernos, sobre todo el actual, deja hacer de manera ostensible, en un momento difícil y complejo para la nación.
Por otra parte, estos grupo, están siendo funcionales al gobierno nacional, ya que, en el Distrito Federal gobierna una fuerza política que no es afín a sus necesidades y a la cual le niega los más elementales recursos de protección del espacio público, aun frente a decisiones judiciales que intentan poner orden en la ciudad.
Recientemente el Gobierno de la Ciudad ha elevado a la legislatura un proyecto de ley que modifica el Código Contravencional, en el que se intenta poner un poco de orden a este desmadre que estamos viviendo en la Capital: eliminar los famosos “trapitos” con no es otra cosa que el cuida coches extorsivo, esto es me das o te lo rompo todo, las bandas en los semáforos con los limpia vidrios, que se abalanzan sobre los conductores sin reparar en negativas y, que en muchas ocasiones caen en la delincuencia intimidatoria y, por supuesto en las manifestaciones con caras cubiertas y portando armas, o elementos intimidatorios, mas alla de su presencia masiva.
He escuchado a algunos legisladores porteños, básicamente del arco oficialista nacional que, cuestionan esta norma, bajo el sofisma de que esto puede ser una rémora de los años de la dictadura, quienes esto opinan, o eran muy niños o no habían nacido 34 años atrás y pretenden hacer cargar con el estigma de la “represión ilegal” a todo hecho que implique poner orden dentro de la legalidad democrática, orden que no está negado en la Constitución y que enardece al más común de los sentidos.
Bachelett que acaba de dejar el gobierno en Chile, con un índice de popularidad cercano al 84% y de origen socialista, su padre fue una víctima del Gobierno del Gral. Pinochet, no dudo un segundo en enviarle a los Carabineros a los estudiantes cuando pretendieron hacer de santiago una tierra liberada y tomada por sus pretensiones, y así podemos verlo en muchos países de larga tradición democrática de Europa e incluso de América Latina. El mismísimo Chávez no pierde oportunidad de reprimir sin resquemores a sus opositores políticos cada vez que estos intentan manifestar contra sus dislates.
El Gobierno de la Ciudad, quiere poner las cosas en su justo lugar, si al derecho de huelga, al de expresar publica y masivamente la ideas, no a la intimidación, al saqueo y la amenaza con elementos contundentes, no a la extorciones de los ciudacoches y tranquilidad a los ciudadanos al momento de detenerse en un semáforo.
En Derecho Romano, recuerdo la definición que se nos daba: “como elegantemente decía Ulpiano, el derecho es dar a cada uno lo suyo”, y esto es ponerle el cascabel al gato.