“UN DIA CANSADO, ME PUSE A LADRAR”

Hechos de suma gravedad están ocurriendo en el país, que tocan derechos fundamentales que, no solo están regulados en nuestra Constitución, sino que hacen a la esencia misma de los pueblos libres y, sobre todo a las Democracias serias, estables y verdaderamente respetuosas, no ya de las instituciones sino de los mismísimos Derechos y Garantías, bien establecidos en nuestro contrato social.
El artículo 14 de la Constitución Nacional, establece sin lugar a dudas que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos… publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, es de perogrullo decir que, si no puede ni debe haber censura previa, no puede haber sanción posterior y, esto alcanza también a las conductas de los que ejercen los máximos cargos en los diversos poderes de la Nación. Sera el tenor de estas críticas, el lenguaje y la forma de esa expresión la que podrá ser cuestionada, pero bajo ningún concepto el contenido ideológico de las mismas.
Habrá algunos que expresan sus ideas a través de medios, sean estos escritos o audiovisuales, o modernamente a través de este medio de comunicación que es internet, por lo tanto los medios a través de los cuales cada quien exprese sus ideas o cuestionamientos a las ideas de otro, también están alcanzados por esta norma.
Lo cierto es que hoy por hoy la profesión periodística o, la simple opinión de aquellos, como la del suscripto, hecha en un espacio digital, se está transformando en un hecho peligrosos, porque desde la más alta magistratura del país, se cuestiona al periodismo, a los medios que transmiten esa opinión y, prácticamente el Gobierno se ha puesto en pie de guerra con los medios y periodistas.
El Estado Nacional es titular de medios tanto radiales como televisivos, y aquí hay que dejar en claro que estos medios son de la sociedad en su conjunto, no del o los Gobiernos de turno, como así tampoco no podemos confundir la publicidad de los actos de Gobiernos con las actitudes del o los Gobiernos tendientes a generar en la sociedad, confusión, crispación, violencia o descalificación.
Recientemente, y promocionada por el programa Futbol para Todos, se ha estado convocando a la población a efectuar, so justificativo de la defensa de la recientemente dictada Ley de Medios Audiovisuales, a la ciudadanía a cuestionar a aquellos que creen, creemos que esta es una ley mordaza, que no responde a la realidad informativa y que está construida sin lugar a equívocos en contra de un medio importante como el Grupo Clarín que, decididamente no concuerda con las políticas oficiales y es propietario de un multimedio de importante y gran difusión en el país.
Es a raíz de ello que están apareciendo en la vía pública y, en la marcha que finalmente de realizo, afiches con la imagen de los periodistas de este medio, vinculando a los mismos con su Directora a quien, sin fundamento jurídico alguno se la pretende vincular con la adopción de hijos de desaparecidos. No podemos dejar de decir que este hecho es un vergonzoso episodio extorsivo que pretende llevar a una familia angustia y zozobra y, a sus medios y periodistas intimidación para la expresión de sus ideas y posturas.
Curiosamente encabeza esta “cruzada” la cuestionable Hebe de Bonafini que, desde la creación de las Madres de Plaza de Mayo, ha creado una verdadera organización política, en consonancia con las ideas de sus hijos desaparecidos y, peor aún, lucrando con la sangre derramada por estos en su actitud terrorista y antijurídica ejercida en la larga noche de la década del setenta. No menos responsable es la Sra. Estela de Carloto, Presidenta de una organización de Abuelas de desaparecidos.
Estas dos organizaciones, sin ningún tipo de pudor y con el financiamiento del Gobierno, esto es con los recursos de todos los ciudadanos, se subroga derechos, como el de la defensa de los Derechos Humanos, mientras efectúa emprendimientos inmobiliarios con financiación estatal, recibe cuantiosos subsidios y tiene una conducta publica que no se compadece ni con las más elementales formas del recato, buen decir y educación. Podemos comprender el duro trauma psicológico vivido por estas mujeres, pero no podemos aceptar que su histeria resultante involucre a la sociedad y mucho menos que asuman el derecho de ser ellas las que establezcan quien puede opinar o no, o intervenir en acusaciones y epítetos irreproducibles contra personas de los medios o contra hombres de la política o, que no opinan como ellas o que no están cercanas al palacio presidencial.
Esto es curioso, pero no casual, así como D’Elia es la patota del Gobierno para hechos específicos, estas agrupaciones y sus dirigentes, son el mascaron de proa de los conflictos sociales, confundiendo sus derechos humanos como los únicos validos y dignos de ser respetados y reparados y, no los derechos humanos en general, que no solo contemplan lo ocurrido con sus hijos y nietos, sino con otros hijos y otros nietos masacrados en sus momento por el terrorismo.
Tampoco es casual el silencio oficial en las actuales circunstancias en donde los agredidos no son los medios, sino profesionales del periodismos que ante los escraches están sufriendo intimidaciones y agresiones en la vía pública. ¿Con que derecho convocan estas personas a manifestaciones que pretenden transformar en juicios públicos a destacados periodistas, muchos de ellos de gran actuación en la década del setenta en su enfrentamiento con el Proceso?
Es una característica que se repite en todos los dirigentes autoritarios, pretender amordazar a la prensa, restringir los medios y apoderarse del espacio informativo y de opinión, para unificar así la mente de los ciudadanos y confundir con información tendenciosa y de dudosa veracidad.
No debemos ir muy atrás en la historia mundial para poder observar esta metodología, tan solo miremos a Venezuela, Nicaragua, y hasta las barbaridades que sin fundamento científico alguno expresa el Presidente de Bolivia.
No podemos no estar alertas a estos hechos, y es tan así que la misma Justicia ha cuestionado la Sanción de la Ley de Medios, por su discrecionalidad, su intento de monopolizar la información y por la cuasi expropiación de medios que, han sido construidos en base a inversiones importantes y, que por los términos del articulado de la ley, deben ser desguazados en periodos perentorios cuando, hechos previos efectuados por el Gobierno le confirió derechos que, por adquiridos no pueden ser vulnerados con leyes que se ajusten al humor del gobernante de turno.
Si estos medios tienen audiencia y lectores que los siguen y con quienes coinciden, es por la libre elección ciudadana, ya que todos los días estos medios se someten a la votación ciudadana ya sea cuando se compra un diario o se mira o escucha un programa televisivo o radial.
Por lo tanto que no nos quieran confundir, con definiciones absurdas o con cuestionamientos irracionales, no es solo a los periodistas a los que agreden, no es a los medios a los que pretenden limitar, es a nosotros los ciudadanos que nos quieren dar lo que ellos quieren y apartar de nuestra capacidad de discernir y adoptar nuestra propia valoración.
Finalmente quiero, sin lugar a ninguna duda expresar mi más entera y firme solidaridad con todos aquellos que con valentía y firmeza cada día, desde la columna de un diario, detrás de una cámara de televisión o un micrófono radial, expresan sus ideas y emiten su opinión según sus principios, conceptos de país e ideas políticas, sean estas coincidentes con las mías o no, porque todos, sin excepción tenemos derechos a expresarnos sin juicios previos o consecuencias ulteriores.
Esto no incluye a pseudo-periodistas o denominados hombres de la cultura que, desde programas tramposos en la Televisión Pública, utilizan la señal de la sociedad para denostar, desacreditar editando imágenes y sacando frases de contexto, a quienes dicen llamar sus colegas, y espero que recuerden que, los gobiernos pasan y todos queremos ejercer con honestidad e integridad nuestra actividad. Por lo tanto, al que le quepa el sayo, que se lo ponga.