(Diez premisas para recuperar la iniciativa)
En definitiva compartir el país nos convoca hoy –como siempre- a los argentinos, y a los hombres de buena voluntad que habitan nuestro suelo, a trabajar en forma mancomunada por un proyecto que nos incluya a todos…
Por el Dr. Ignacio A. Uriburu
El puntapié inicial para vencer a la inseguridad es asumirla tal como es; no como un estado virtual de sensaciones ni de cálculos o probabilística desentendidos de la realidad, sino como una degeneración del espacio común (las calles) en manos de insensatos que matan por el placer de hacerlo o como modo de imponer su autoridad en el círculo perverso en el que viven, diezmando la ciudadanía de un modo continuo, indigno y cruel.
Ninguno de nosotros considera la posibilidad cierta de la muerte como víctimas de uno de estos hechos, pero lo cierto es que a diario vemos a sus deudos reclamando “justicia”, y la pregunta, señores, es ¿justicia de qué, si el hecho aberrante ya está consumado?; ¿qué entendemos de los continuos reclamos: justicia de sanción o justicia de seguridad?
La segunda premisa es asumir colectiva e individualmente que la inseguridad es un estado de situación instalado que nos involucra a todos en sus padecimientos, y fundamentalmente que nos convoca a participar activamente en las acciones concretas que conduzcan a su solución. No importa la edad, género o condición social; todos somos potencialmente víctimas y todos estamos convocados a trabajar para recuperar la seguridad en las calles y el derecho ciudadano de poder transitarlas libre y tranquilamente.
La tercera premisa es asumir que la inseguridad es un subproducto de las desfachatadas políticas de gobierno que al día de hoy no se han corregido, y ni siquiera figuran en la agenda querer hacerlo en modo serio y sustentable.
La cuarta premisa es que muchos de los victimarios son seres exclasados que nacieron sin hogar y privados de la más elemental dignidad humana, victimas del abandono e ineficiencia del Estado, la corrupción, el clientelismo, la dádiva, la incultura, la ausencia de compromisos ciudadanos, el desprecio por los valores de la sociedad, las organizaciones de narcotraficantes que los depredan también a ellos, y la delincuencia organizada que se escuda detrás de instituciones que debieran servir a la comunidad y no servirse de la marginalidad de ésta.
La quinta premisa es que el rol ciudadano debe estructurarse, solidificarse y desarrollarse a partir de las leyes del congreso, comprometidas definitivamente en el problema y la búsqueda de las soluciones, y nunca en parches o acciones aisladas cuando no quijotescas de funcionarios bien intencionados. La ley brinda el fundamento y fija los objetivos y límites para la actuación del Estado en materia de seguridad, financiamiento, recursos asignados, etc.
La sexta premisa es el desarrollo de instituciones policiales sólidas con misiones bien definidas, que cuenten con la participación, colaboración y apoyo de las restantes. No va más tolerar la ronda funesta de los políticos, la policía, la fiscalía, el juzgado, el servicio penitenciario, la asistencia social, etc. en donde se formulan reclamos y echan la culpa unos a otros que lo único que nos reportó fue comisarías con “puerta giratoria” y cárceles de donde salen a diario delincuentes peligrosos a seguir delinquiendo.
La séptima premisa está dada por la fortaleza de los recursos técnicos y humanos con que debemos dotar a las fuerzas de seguridad, jerarquizando su integración, autoridad y accionar con planes operativos de inteligencia, prevención y represión de la delincuencia en cuyo diseño e implementación se involucren activamente las fiscalías zonales, la justicia, las provincias y los municipios a través de los organismos de acción y promoción social. Debemos contar con planes articulados y que se apliquen efectivamente con toda la bondad de un Estado que promueve y con toda la fuerza de quien no tolera más el accionar delictivo.
La octava premisa es repensar el modo como se está dando el crecimiento y desarrollo de las orbes a fin de evitar el hacinamiento y la falta de control efectivo de todos los lugares habitados por parte de la autoridad. La erradicación de las villas y el control efectivo de la inmigración ilegal constituyen dos objetivos importantísimos a conseguir. Sin villas ni inmigración ilegal se reducirá sensiblemente el territorio y la fuente más importante de provisión de elementos humanos de la narcodelincuencia.
La novena premisa es plantear un plan estratégico de una década para cambiar el signo actual por el de la seguridad. Si no actuamos en forma comprometida habrán (o habremos) muerto 10.000 ciudadanos. Conocemos el número, el objetivo es entonces ganarle a la inseguridad cada una de esas vidas.
La décima premisa es asumir como un compromiso ineludible del Estado y la ciudadanía el compromiso serio para que no nazcan más personas exclasadas en nuestro país para lo cual se deben implementar programas de educación, salud, capacitación, trabajo, crédito, y todas las acciones que desde el sector público y privado articulen al mejor desarrollo social. En este punto adquiere especial relevancia rediseñar las mayores generadoras de desigualdades que son las erradas políticas fiscales que desincentivan el consumo, la creación de nuevos puestos de trabajo, la inclusión social, la inversión, etc.
En definitiva compartir el país nos convoca hoy –como siempre- a los argentinos, y a los hombres de buena voluntad que habitan nuestro suelo, a trabajar en forma mancomunada por un proyecto que nos incluya a todos y que se funde en la justa distribución de las oportunidades y riquezas, el trabajo, el fomento del ahorro, el crédito digno para la vivienda, la promoción de la inversión, la generación de nuevos emprendimientos y los demás derechos y garantías que nos dignifiquen como personas y comunidad, así como las buenas políticas comunes que nos permitan proyectar nuestra existencia y realizarnos en vez de sucumbir en el amargo holocausto de la inseguridad.
Dr. Ignacio A. Uriburu
Abogado
En definitiva compartir el país nos convoca hoy –como siempre- a los argentinos, y a los hombres de buena voluntad que habitan nuestro suelo, a trabajar en forma mancomunada por un proyecto que nos incluya a todos…
Por el Dr. Ignacio A. Uriburu
El puntapié inicial para vencer a la inseguridad es asumirla tal como es; no como un estado virtual de sensaciones ni de cálculos o probabilística desentendidos de la realidad, sino como una degeneración del espacio común (las calles) en manos de insensatos que matan por el placer de hacerlo o como modo de imponer su autoridad en el círculo perverso en el que viven, diezmando la ciudadanía de un modo continuo, indigno y cruel.
Ninguno de nosotros considera la posibilidad cierta de la muerte como víctimas de uno de estos hechos, pero lo cierto es que a diario vemos a sus deudos reclamando “justicia”, y la pregunta, señores, es ¿justicia de qué, si el hecho aberrante ya está consumado?; ¿qué entendemos de los continuos reclamos: justicia de sanción o justicia de seguridad?
La segunda premisa es asumir colectiva e individualmente que la inseguridad es un estado de situación instalado que nos involucra a todos en sus padecimientos, y fundamentalmente que nos convoca a participar activamente en las acciones concretas que conduzcan a su solución. No importa la edad, género o condición social; todos somos potencialmente víctimas y todos estamos convocados a trabajar para recuperar la seguridad en las calles y el derecho ciudadano de poder transitarlas libre y tranquilamente.
La tercera premisa es asumir que la inseguridad es un subproducto de las desfachatadas políticas de gobierno que al día de hoy no se han corregido, y ni siquiera figuran en la agenda querer hacerlo en modo serio y sustentable.La cuarta premisa es que muchos de los victimarios son seres exclasados que nacieron sin hogar y privados de la más elemental dignidad humana, victimas del abandono e ineficiencia del Estado, la corrupción, el clientelismo, la dádiva, la incultura, la ausencia de compromisos ciudadanos, el desprecio por los valores de la sociedad, las organizaciones de narcotraficantes que los depredan también a ellos, y la delincuencia organizada que se escuda detrás de instituciones que debieran servir a la comunidad y no servirse de la marginalidad de ésta.
La quinta premisa es que el rol ciudadano debe estructurarse, solidificarse y desarrollarse a partir de las leyes del congreso, comprometidas definitivamente en el problema y la búsqueda de las soluciones, y nunca en parches o acciones aisladas cuando no quijotescas de funcionarios bien intencionados. La ley brinda el fundamento y fija los objetivos y límites para la actuación del Estado en materia de seguridad, financiamiento, recursos asignados, etc.
La sexta premisa es el desarrollo de instituciones policiales sólidas con misiones bien definidas, que cuenten con la participación, colaboración y apoyo de las restantes. No va más tolerar la ronda funesta de los políticos, la policía, la fiscalía, el juzgado, el servicio penitenciario, la asistencia social, etc. en donde se formulan reclamos y echan la culpa unos a otros que lo único que nos reportó fue comisarías con “puerta giratoria” y cárceles de donde salen a diario delincuentes peligrosos a seguir delinquiendo.
La séptima premisa está dada por la fortaleza de los recursos técnicos y humanos con que debemos dotar a las fuerzas de seguridad, jerarquizando su integración, autoridad y accionar con planes operativos de inteligencia, prevención y represión de la delincuencia en cuyo diseño e implementación se involucren activamente las fiscalías zonales, la justicia, las provincias y los municipios a través de los organismos de acción y promoción social. Debemos contar con planes articulados y que se apliquen efectivamente con toda la bondad de un Estado que promueve y con toda la fuerza de quien no tolera más el accionar delictivo.La octava premisa es repensar el modo como se está dando el crecimiento y desarrollo de las orbes a fin de evitar el hacinamiento y la falta de control efectivo de todos los lugares habitados por parte de la autoridad. La erradicación de las villas y el control efectivo de la inmigración ilegal constituyen dos objetivos importantísimos a conseguir. Sin villas ni inmigración ilegal se reducirá sensiblemente el territorio y la fuente más importante de provisión de elementos humanos de la narcodelincuencia.
La novena premisa es plantear un plan estratégico de una década para cambiar el signo actual por el de la seguridad. Si no actuamos en forma comprometida habrán (o habremos) muerto 10.000 ciudadanos. Conocemos el número, el objetivo es entonces ganarle a la inseguridad cada una de esas vidas.
La décima premisa es asumir como un compromiso ineludible del Estado y la ciudadanía el compromiso serio para que no nazcan más personas exclasadas en nuestro país para lo cual se deben implementar programas de educación, salud, capacitación, trabajo, crédito, y todas las acciones que desde el sector público y privado articulen al mejor desarrollo social. En este punto adquiere especial relevancia rediseñar las mayores generadoras de desigualdades que son las erradas políticas fiscales que desincentivan el consumo, la creación de nuevos puestos de trabajo, la inclusión social, la inversión, etc.En definitiva compartir el país nos convoca hoy –como siempre- a los argentinos, y a los hombres de buena voluntad que habitan nuestro suelo, a trabajar en forma mancomunada por un proyecto que nos incluya a todos y que se funde en la justa distribución de las oportunidades y riquezas, el trabajo, el fomento del ahorro, el crédito digno para la vivienda, la promoción de la inversión, la generación de nuevos emprendimientos y los demás derechos y garantías que nos dignifiquen como personas y comunidad, así como las buenas políticas comunes que nos permitan proyectar nuestra existencia y realizarnos en vez de sucumbir en el amargo holocausto de la inseguridad.
Dr. Ignacio A. Uriburu
Abogado
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