SINDICALISMO O MAFIAS

Estamos asistiendo a un proceso inédito en la política argentina en donde, por primera vez, en forma institucional, se cuestiona el accionar de los Sindicatos y sus dirigentes en el país. Cuando menciono el cuestionamiento institucional no me estoy refiriendo específicamente a el Ejecutivo, sino a la Justicia que es la que está actuando en hecho delictuales y no en reclamos sindicales o que hagan a su función específica.

Nunca como hoy los ojos de la ciudadanía están puestos en el Poder Judicial, hasta tal punto que tuvo una fuerte repercusión el discurso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia con motivo da dar inicio al año judicial.

Cuatro temas se rescatan del discurso del Dr. Lorenzetti:

1.- La judicialización de la Politica;
2.- La politización de la Justicia;
3.- La autarquía Presupuestaria,
4.- La lentitud en la designación de jueces en muchos juzgados acéfalos

Detrás de las palabras de Lorenzetti estaban los hechos que recientemente han venido ocurriendo y que afectan directamente al Movimiento Obrero Organizado y sus integrantes.

Un fuerte cuestionamiento social, político y sindical cae sobre los añosos dirigentes sindicales a propósito de sus prácticas al frente de sus sindicatos y muy especialmente de las Obras Sociales de los mismos en donde, con la connivencia de la Superintendencia de Salud del Ministerio respectivo se han detectado maniobras delictivas con el uso de medicamentos, ya sea porque estos se los considera “truchos” o de pacientes inexistentes y ello hace fluir ingentes cantidades de dineros a los sindicatos que los dirigentes utilizan para su propio posicionamiento y permanencia frente a los sindicatos.

El triple crimen de General Rodriguez vinculado con la ruta de la efedrina, abrió otro capítulo del cual las obras sociales sindicales no son ajenas ni tampoco el Gobierno Nacional.

Testigos con accidentes mortales, suicidios, etc. han sido causales de atención de la opinión pública, como también un cumulo de empresas distribuidoras de medicamentos que estaban decididamente involucradas en ambos aspectos del problema, el tránsito de la efedrina, como precursor químico de la fabricación de drogas, como de la provisión de medicamentos a las obras sociales, simultáneamente el responsable de la Superintendencia administradora de estos fondos, había conducido el proceso recaudador de la campaña electoral del 2007 que llevo a la Dra. Kirchner al poder y, los inculpados, imputados, procesados o asesinados resultaron fuertes aportantes a esta campaña ya sea en forma personal o de la Droguerías que estaban bajo su conducción o titularidad.

Más de 40 obras sociales investigadas, cientos de allanamientos y otro tanto de detenciones son los que hasta la fecha demuestran o generan la sospecha de la participación sindical en estos fraudes y en la connivencia con el sistema de fabricación, circulación, venta y exportación de droga en que la argentina se encuentra involucrada.

Muchas de estas causas están concentradas en el Juzgado del Dr. Oyarbide, aunque hay otros jueces participando en causa en que a poco que Oyarbide las devuelva deberán seguir su curso procesal, ya que no es Oyarbide el Juez que mejor garantice a la sociedad una parcialidad jurídica en el manejo de estas como de otras causas que involucran al poder, sea político o sindical.

De entre todos estos casos se destaca el caso Pedraza, líder de los ferroviarios y sobre el cual pesan acusaciones de asociación ilícita y participación ideológica en uno de los crímenes políticos de mayor repercusión en los últimos años: la muerte de Mariano Ferreyra, cometido por integrantes de la Unión Ferroviaria en connivencia con Barras Bravas y liberación de la zona por la Policía Federal.

El sistema de transportes en el país es beneficiario de una importantísima cantidad de dinero en subsidios, para mantener las tarifas bajas y para equipamiento y mantenimiento de la infraestructura. El 85% de estos fondos son asignados al transporte vial, que es administrado por el líder del gremio de camioneros y Secretario de la CGT hugo Moyano que, a su vez preside el partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires, el resto corresponde a ferrocarriles, algunos en manos privadas, otros con administración estatal pero en ambos casos con una fuerte connivencia con el Ministerio de Planificación a través de la Secretaria de Transportes.

Por lo tanto el entramado sindicatos/gobierno es más que obvio, ya sea en el sistema de transportes o en el sistema de salud y por ende hay desde el Gobierno cuando menos una mirada laxa a la conducta sindical y a los fondos que ellas absorben, ya sea vía subsidios o financiamiento de salud, esa laxitud los transformas en cómplices de los hechos cuestionables, porque a la vuelta de la esquina resulta beneficiario de esos recursos para su gestión política de perpetuación en el poder o en el financiamiento del clientelismo político.

Esto, en un año electoral en donde se ponen en la consideración ciudadana los máximos cargos de los poderes electivos del estado es altamente peligroso y empieza a generar una sospecha de fraude dentro de los mismos parámetros de las leyes que el Poder Ejecutivo forzó aplicar y que no dudara en violentar para lo que cuenta con los medios públicos necesarios para hacerlo entre ellos, futbol para todos, que se ha transformado en una plataforma empalagosa de propaganda oficial.

Es de esperar que, como dijo el Dr. Lorenzetti en su exposición se deje actuar a la justicia, no se la amordace o condicione y su pongan a disposición de ella todos los elementos que necesita para una efectiva y concreta forma de impartir justicia. Ya un Fiscal ha manifestado su disconformidad con la actitud del Ejecutivo en la provisión de información.

La Republica necesita de una justicia que actué y que como años atrás en Italia, “las manos limpias” se instale en la sociedad como sistema de vida y convivencia política, económica y social, ya que esto de lo que estamos hablando es de corrupción y la corrupción tiene la particularidad de generar un condicionamiento muy fuerte a los ciudadanos.

No carguemos todos males en el Gobierno, hay una fuerte responsabilidad empresaria en estos, porque ante un corrupto hay un corruptor, por lo tanto los principios morales y éticos que exigimos a nuestros dirigentes, debemos también exigirle a los actores económicos.

Mucho hablamos de seguridad jurídica, lo que también debemos evaluar cuanto de esa inseguridad jurídica está influenciada por la corrupción y por ende en la responsabilidad de la fuga de capitales y en la falta de inversión que hoy afecta a nuestro país y que no permite que estos crecimientos inéditos que hemos vivido no hayan podido resolver ni el desempleo, ni la pobreza ni la indigencia.

Hago votos desde esta columna para que los objetivos y reclamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo sean políticas públicas de este poder del Estado, sino que se hagan carne en la ciudadanía en general.