martes, 22 de septiembre de 2009

Las leyes, al menos en Argentina, no son legitimas por su origen sino por los intereses de los que gobiernan


Ya lo dijimos antes y vale reiterarlo aquí, la capacidad de daño que tienen los K cada vez que sufren un revés es indiscutida, lo vimos con el campo, lo vimos con Cobos, lo vimos con la oposición y ahora lo vemos con esta ley de medios.

Por Enrique García-Mansilla

El Ing. Mauricio Macri declaro, tan pronto se efectuó la votación en diputados la Ley de Medios Audiovisuales sostuvo que el gobierno demuestra actitudes fascistas.

Uno de los fundamentos esgrimidos por el Gobierno para la sanción de una nueva ley de medios era que la misma tenía su fundamentación en un gobierno dictatorial, esto es con el solo consenso de los tres comandantes militares.

Para diferenciarse de ellos, los K hace meses atrás comenzaron una serie de consultas con cerca de 80 foros para que dieran su opinión y contribuyeran a opinar sobre esta nueva ley. Según se informó participaron universidades, ONG’s, personalidades de la cultura, el periodismo, el Premio Nobel de la Paz Sr. Pérez Esquivel y los pueblos originarios. ¿Estas consultas le dan a esta ley mayor legitimidad?, si nos atenemos a la Constitución Nacional que establece que “el pueblo ni gobierna ni delibera sino a través de sus representantes” podríamos decir que ni suma ni agrega a la labor de los parlamentarios que, en todo caso, pueden y de hecho lo hacen, recurrir al asesoramiento de los expertos para el tratamiento de la ley previo paso por las comisiones respectivas y emitido el dictamen con el quórum establecido en cada una de ellas.

En una demostración más de falta de apego a las leyes y reglamentos, los diputados lograron introducir el proyecto de más 100 artículos mas otro tanto en modificaciones ya cerrada la mesa de entrada y darle tratamiento en el recinto a tan solo 10horas de presentada y no 7 días como se establece expresamente.

Lo cierto es que la ley fue votada y le dio a Kirchner dos satisfacciones, la primera la propia aprobación en la Cámara de Diputados aunque debió hacer algunas concesiones no menores; segundo, hizo pomada la sociedad política orquestada entre la Coalición Cívica el Radicalismo y los Socialistas que en malón votaron a favor la ley. Otro opositor que asombra es el Gobernador Das Neves que habiendo lanzado su candidatura presidencial, tan pronto cerro el comicio el 28 de junio con fuertes críticas al modelo K, sus diputados en orden y sin titubeos levantan la mano a cuanta ley le interesa a los K, se rumorea que una partida de fondos importantes fue girada días atrás a la provincia que atraviesa algunos problemas presupuestarios.

Ya lo dijimos antes y vale reiterarlo aquí, la capacidad de daño que tienen los K cada vez que sufren un revés es indiscutida, lo vimos con el campo, lo vimos con Cobos, lo vimos con la oposición y ahora lo vemos con esta ley.

Si bien la ley en general es un mamarracho, dos puntos tienen una fuerte incidencia en la misma: (a) el plazo de desguace de los multimedios y (b) la autoridad de aplicación y su dependencia del Poder Ejecutivo. Y es aquí, sobre todo en el primer punto donde está dirigida la intencionalidad de la ley. En la actual legislación la “dictadura” había previsto esta circunstancia en su famoso artículo 45 y fue casualmente durante la gestión de un gobierno democrático, el del Dr. Alfonsín, que este articulo fue derogado.

Es curioso que el Gobierno justo ahora se interese por la diferenciación de leyes de facto y leyes democráticas cuando en nuestro país y desde 1930 y hasta 1983 la alternancia entre la democracia y los gobiernos militares fue una constante y mucha de la legislación que hoy se aplica tiene su origen en estos gobiernos de facto: para solo mencionar algunas, el Código Aduanero, expresamente explicitado en la Constitución Nacional como indelegable, la ley de Entidades Financieras, que posibilito todo tipo de cambios sin limitaciones en el sistema, y la famosa y tan nombrada Ley de Obras Sociales, que le dio a los Sindicatos la autoridad para tener sus propias obras sociales sancionada durante el Gobierno de Ongania o la creación del PAMI durante la gestión del Gral. Lanusse entre otras.

Por lo tanto si revisáramos el digesto legal del país nos sorprenderíamos de la cantidad de legislación de facto de la que han usufructuado los gobiernos democráticos y que jamás tuvieron la intención de modificar.

No hay hoy en el país ninguna voz seria que se levante en apoyo de esta ley, lamentablemente será sancionada y la oposición no tendrá ni el numero ni el acuerdo que se necesita para cambiarla a partir del 10 de diciembre por lo que vislumbro una fuerte judicialización del tema y, finalmente, será la Suprema Corte la que determine su constitucionalidad o no.

1 comentario:

James dijo...

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