EL SURREALISMO ARGENTINO

Si desde el punto de vista político y económico deberíamos definir a nuestra querida argentina, como absolutamente surrealista (Movimiento literario y artístico –político-, cuyo primer manifiesto fue realizado por André Bretón en 1924, que intenta sobrepasar lo real impulsando con automatismo psíquico lo imaginario y lo irracional), veamos porque:
Conduce nuestro país un matrimonio que, con características absolutamente psicopáticas, tienen en NCK a un verdadero ejemplar conflictivo, corrupto y sin ningún tipo de restricciones morales o éticas en el ejercicio del poder y, en su esposa Cristina Fernández una suerte de mitómana que no tiene pudor de negar o aseverar lo contrario a lo ocurre sin sonrojarse, darle clases a los líderes extranjeros e integrantes del G20 como si ella fuera la única “estadista” universal que existe.
Ministros, como el de Economía que niega la posibilidad de que se otorgue el 82% móvil sobre el salario mínimo y vital de los activos, que sostiene que se quebraría el sistema jubilatorio, cuyos fondos están integrados por aquellos que fueran confiscados a las AFJP y, que han estado y están destinados a financiar el Ingreso Universal por hijo, la producción de bicicletas, el financiamiento de compra de heladeras, a pagar el salario de aquellas empresas afectadas por la caída del crecimiento en 2009, y planes de obras publicas sobrevaluados, recursos que jamás volverán a integrar ese sistema, por lo tanto deliberadamente perdidos en aras del populismo y clientelismo demagógico.
Resulto hasta insultante, en la Cámara de Senadores, escuchar al bloque oficialista su deber y obligación de legislar para las minorías, y que desde el 2003, hicieron caso omiso de cuanto proyecto surgiera de los bloques minoritarios.
Gobernadores comprados, senadores genuflexos, empresarios corruptos cercanos al poder, valijas sospechosas, incrementos patrimoniales dudosos y con la bendición de la justicia, amenaza de veto de leyes con aprobación parlamentaria, en fin todo esto nos llevaría a reescribir todos los manuales de instrucción cívica.
Lo que seguro vamos a tener que reescribir son los manuales de educación sexual y, sus autores deberán hacer un uso muy profundo de imaginación para explicar lo inexplicable.
Todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto todos debemos o deberíamos tener los mismos derechos. En este siglo XXI no debería quedar ninguno de los resabios del pasado que discriminaban por género, color, raza o religión, ya que este debería ser el siglo de los derechos igualitarios para todos, sin restricciones o desvíos.
¿Esto comprende lambien al matrimonio de los homosexuales, lesbianas, bi-sexuales y transexuales?, sin temor a equivocarme y menos sin temor a discriminar debo decir no, el matrimonio es una institución milenaria que tiene por finalidad que el hombre y la mujer se unan y, sobre la base de esa unión preserven la especie a través de la procreación.
Dicho esto, creo que otra institución del esquema jurídico que contemple la existencia de personas con orientación sexual diferente puedan acceder a todos los derechos que están consagrados en el Derecho Civil como Derechos de Familia y que respeten la voluntad de las personas que en su diferencia puedan acceder a los mismos derechos que los heterosexuales.
Bien se ha dicho que la sociedad civil (laica) se da leyes para su organización y que esas leyes conllevan en sí mismo el cumplimiento de determinados requisitos, por lo tanto quienes acceden a esos beneficios es porque cumplen con los mismos.
Hasta 1994 en la Constitucional, poseíamos una constitución confesional estableciendo que la Religión Católica era el culto oficial de la Nación, por lo tanto aun hay unas cuantas generaciones de argentinos que nos cuesta despojarnos de ese concepto Constitucional, por la misma razón que nos cuesta que se ignore el papel de la Iglesia Católica desde el descubrimiento de América hasta la definitiva organización nacional.
No obstante ello, no deberán ser las concepciones religiosas las que interfieran en la determinación de las leyes que deben regir las conductas de los hombres y la familia. Cuesta, por lo tanto tratar igual a lo semejante, aunque no debería ser justo destratarlos por exactamente ese mismo concepto.
Deberemos ser muy serios a la hora de juzgar los alcances de esta ley, ver su aplicación, ponderar sus efectos sobre la sociedad y, comprender que estamos frente a un paradigmático cambio cultural que la sociedad toda deberá efectuar y, que deberá efectuarse con respeto, y verdadera comprensión de realidades sociales tan milenarias como lo que en el presente estamos observando.
Lo que es absolutamente abominable es la actitud del Jefe de la bancada de Senadores Oficialistas que, lejos de comprender la magnitud del cambio que el Senado estaba por convalidar, fundamento la posición de su bloque y personal, injuriando a una Colega y menospreciando la actitud de la Iglesia y sus dignatarios, con palabras chabacanas e inaceptables que ofenden a la gran mayoría de los argentinos, habiendo asumido una asombrosa combinación de lo peor que representan los conductores del gobierno que él representa y que hemos definido al comienzo de esta nota.
Un hecho lamentable ha sido la confirmación del procesamiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de la Cámara Federal Penal, por unanimidad de sus miembros, confirmando así lo resuelto por el cuestionado Juez Norberto Oyarbide.
Desde estas columnas hemos defendido las posturas del Pro y de Macri en el Gobierno porteño que se enfrenta a un Gobierno Nacional que no disimula su deseo de que este espacio y su líder fracasen en la gestión de gobierno y, más aun que el Ing. Macri no sea uno de los pocos políticos con imagen positiva frente a la sociedad.
Nos preocupa este fallo, ya no es la resolución de un Juez adicto o subordinado al gobierno, ahora se trata de una instancia superior que confirma esta determinación y si bien es posible, resulta más difícil pero no imposible aceptar que sus tres miembros hayan sido cooptados por el ejecutivo nacional. No obstante ello, el concepto de inocencia hasta que no exista una sentencia firme debería operar, creo que, tanto la legislatura porteña como el ejecutivo porteño deberán evaluar esta circunstancia y, con moderación y subordinación a la ley, deberán actuar en consecuencia y no transformar esta etapa del proceso como un hecho definitorio de las acciones sometidas a la jurisdicción de la justicia.
Es difícil pedir prudencia cuando desde la máxima magistratura del poder se elucubra la inquina, la división, se niega el dialogo, bastardeandose las instituciones de la Republica, tornando en un surrealismo extremo todo el accionar político.