¡POR FAVOR, NO ME MATEN!

“BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED
DE JUSTICIA, PORQUE ELLOS SERÁN SACIADOS”
N.S.Jesucristo-Sermon de la Montaña
(San Lucas 6.22)



Dentro de los denominados Derechos Humanos, el “derecho a la vida” debe ser quizás el más importante y relevante de los derechos del hombre, y quizás el más universal de todos, es por ello quizás que los argentinos no hemos podido aun digerir y aceptar las consecuencias integras de lo que se ha denominado el accionar subversivo y su correlato, el terrorismo de estado y más aun cuando estos dos hechos no están siendo considerados como causa y efecto de lo que hemos denominado “Guerra Sucia” y que la política utiliza con parcialidad y no evalúa en su integralidad.

Jellinek (elaboraría una teoría llamada de las dos facetas, mediante la cual analiza al Estado a partir de un punto de vista sociológico y jurídico, aunque considerando a cada aspecto de forma individual). Señala entre los fines del estado “El bienestar del individuo y de la colectividad manteniendo y protegiendo su existencia”

Ese trauma argentino con el que inicio este artículo, nos ha llevado a la existencia de un Estado ausente en la preservación del orden, vulnerando aquello que leemos más arriba y que definía Jellinek.

En un estado democrático “orden” es el pre-requisito para respetar la ley, la ley debe estar ajustada a Derecho, de allí la definición de Ulpiano de que es “el arte de dar a cada uno lo suyo”, y esto significa que, quien vulnera la ley, merece la sanción pero previo a ello, para que esta impere debe haber orden y es aquí donde el estado no debe abdicar en los elementos preventivos de la ley, ya sea en lo social, lo económico, lo educacional o incluso en la represión, cuando los derechos de unos pocos lesiona los derechos de los mas.

En mi evaluación hay derechos constitucionales permanentes y otros circunstanciales, entre los primeros a la vida, proveyendo seguridad y orden, los segundos aplicables cuando se han agotado los mecanismos del entendimiento, el dialogo y el consenso, por ejemplo el de huelga, cortes de la vía pública, o apropiación de instalaciones. No es aceptable que empecemos por el extremo para lograr lo básico, esto es la toma o el corte para generar el dialogo.

Orden, ley y estado de derecho, requieren de “autoridad”, por ello las instituciones del Estado, y sus diversos poderes tienen “autoridades”, que en el cumplimiento del rol que la Constitución les asigna, deben actuar conforme a la normativa y ejerciendo con independencia esos roles, sin que uno pretenda imponer su criterio al otro. Cuando esto ocurre vulneramos el orden porque desconocemos la autoridad que cada uno de estos poderes tiene y debe ejercer.

No es posible, no es aceptable, no pertenece a ideología alguna hablar de “orden” ni debe esto referirse a situaciones extremas y fuera del contexto legal , los argentinos tenemos una virtud extrema: bastardear los términos y tergiversar los conceptos y, al hacerlo, sobre todo desde la dirigencia, a restarles autoridad, porque a la corta o a la larga, se transforma en un boomerang incontrolable y se paraliza el ejercicio de la fuerza “del poder” que todo gobierno debe ejercer dentro de un estado de derecho.

Mientras nuestra clase dirigente ha estado discurriendo sobre temas de la política y el ejercicio del poder, volviendo al pasado con una conceptualización diferente según quien gobierne, vulnerándose leyes que fueran dictadas conforme al ejercicio de los poderes legítimos, se instala en el debate público el concepto de “dictadura” o “de derecha” a quien no opina como el que gobierna, hay un distanciamiento de las verdaderas necesidades de la población y se menoscaba la educación, se menoscaba el bienestar social y de allí, se cae en la pobreza, indigencia y marginalidad, porque el estado abdica de la generación de condiciones de “bienestar” que debe proveer, no como dadiva o subsidio, sino como condiciones objetivas para alcanzar la dignidad del trabajo.

Hoy, en la argentina, por los pecados originales de esta democracia nacida en 1983, en lugar de consolidarla la hemos deteriorado, abdicando de uno de los valores básicos establecidos en la Constitución Nacional, “el de proveer al bienestar general”.

“Las cárceles seran sanas y limpias…” dice la Constitución y lo irónico es que lo son, porque son nuestras casas, llenas de rejas, barrios cerrados, garitas en los barrios abiertos, puertas blindadas, persianas bajas, cadenas en las puertas, etc. Esto según las posibilidades de cada uno, y las autoridades cuidan a los “ciudadanos” que son los delincuentes y para nosotros los presos existe flotando en el aire, la pena de muerte, que se nos aplica según el momento y la circunstancia, cuando los “ciudadanos” sienten que con su presión no obtienen lo que nosotros “los presos” nos resistimos a que nos arrebaten.

Para que haya “libre tránsito” debe haber “transito seguro”, y para esto se requiere de tres elementos: a) legislación, b) infraestructura; y, c) educación. Legislar un ordenamiento vial sustentable y aplicarlo, generar los medios de circulación con inversión y mantenimiento, ya sea en asfaltos, banquinas y luminarias, y educación para generar la responsabilidad ciudadana para cumplir los que las dos primeras establecen. Como esto no ocurre, batimos el record mundial en accidentes de tránsito y el 50% de las victimas mueren en el momento en que se produce estos accidentes.

No puede ser, no debe tolerarse que los padres de jóvenes adolecentes, preparados para cargar cunas o cochecitos, estén llevando manijas de ataúdes por la barbarie del secuestro y el ejecutamiento de las víctimas. No podemos tolerar que una simple y corriente transacción bancaria se transformen en un acto de muerte, extorsión o robo. No es aceptable que frenar en un semáforo sea la escusa para que un motoquero ya sea por un celular, una cartera o un reloj, mate indiscriminadamente, no es posible que estos hechos sean catalogados como “una sensación” desde el poder que nos tiene que dar protección.

No es suficiente que los Gobernadores o Ministros del ramo, se hagan presente en la escena del crimen, consuelen a los familiares y se ufanen de la velocidad “científico-técnica” que poseen para resolver los delitos que se producen, es mas no nos interesa que lo hagan, lo que la sociedad quiere es que estos hechos no ocurran, para lo cual necesitamos prevención pero prevención seria y ocupación y dedicación para resolver las fallas en el sistema de seguridad y no transformar a la inseguridad en un negocio de las compañías de seguridad que ni previenen, obstaculizan y no nos impide que estemos abrumados.

El rol del estado en su responsabilidad por el orden y autoridad no es de derecha o izquierda, ni es apologista de la dictadura, y cuando se pide más orden, mas justicia y mayor autoridad y, esto se garantiza con justicia, no llamando a los Jueces del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación de “turros” para resolver una pelea entre el gobierno y un medio o restándole su presupuesto porque no acuerdan o fallan según “nuestro modelo democrático” al decir de la Diputada Conti.

Hay un modelo democrático ya establecido por los ciudadanos, ese modelo es la Constitución de la Nación Argentina, sancionada en 1853 y sus siete modificaciones.

Por lo tanto ¿Cuándo quedaremos libres de la prisión a la que estamos sometidos por el avance de la delincuencia que con virulencia nos ejecutan por un punado de monedas o un teléfono celular?

Es cierto, hay una sensación, confirmada por los hechos y esa sensación no es otra que a quienes ejercen el poder no les interesan las mismas cosas que a la gente, por ello el delito y los accidentes se han convertido en la preocupación diaria de cada uno de los habitantes del país cuando salimos a la calle. Los hechos, no las estadísticas, los hechos confirman que esta sensación no es desproporcionada ni una patraña de los medios hegemónicos.

El narcotráfico no es ignorante, no se radica en los países en donde impera la ley, el orden y la autoridad, por ello hoy somos un destino apetecible para radicar sus capitales, sus fabricas y su comercio ya sea porque no somos lo suficientemente serios o porque se opera en connivencia con ellos desde la política y/o las fuerzas que deben protegernos.

Finalmente, para ejercer el poder de aplicar la ley y ejercer la autoridad hay que ser serios, como país, como sociedad y como dirigencia y, a partir de allí, seremos más seguros estaremos mejor protegidos y aceptaremos lo que la justicia sentencie aun, contra los particulares intereses políticos.

Tengamos presentes que para ser saciados en nuestros deseos de “hambre y sed de justicia” no debemos mentir, matar, robar o codiciar la mujer de todos, en este caso la Republica.